Al revisar el itinerario de la Mesa de Concertación en estos años se pone en evidencia los importantes resultados alcanzados como producto del proceso de diálogo y concertación:

• Conformación de la Mesa Nacional y aprobación de la Carta Social (2001) que recoge la visión de desarrollo humano poniendo a la persona humana en el centro, como eje del enfoque para el trabajo conjunto entre Estado y Sociedad Civil. Aprobación del Código de Ética (2002) en vistas a preservar su independencia en el marco de los procesos electorales en curso.

• Organización de la Mesa como un sistema nacional y descentralizado de diálogo y concertación, mediante la instalación de Mesas regionales primero y, luego, provinciales y distritales (2001 en adelante); anticipándose al proceso de descentralización. La conformación de Mesas regionales y locales se hizo asumiendo como primerísima tarea la formulación de “versiones preliminares de planes de desarrollo concertado” para sus jurisdicciones y buscando avanzar en su realización a través de la “operación piloto de presupuesto participativo”; herramientas que fueron incluidas y formalizadas en la reforma de la Constitución del 93 que fuera aprobada en el 2002 por el Congreso y en las leyes que en ese marco norman el proceso de descentralización.

• La Mesa es convocada a formar parte del Acuerdo Nacional, instancia en la que sigue participando, y aportó al desarrollo de las Políticas de Estado suscritas en julio de 2002. Asimismo, a lo largo de los siguientes años las mesas de concertación regionales y locales han sido piezas fundamentales en los procesos para la formulación de los planes de desarrollo concertados y su actualización periódica así como en los procesos anuales de presupuesto participativo.

• Con la Mesa se creó un espacio y se acompañó el proceso de construcción de confianzas entre el Estado y la sociedad civil y la afirmación de la transparencia de la gestión pública, una de cuyas expresiones iniciales fue, y sigue siendo, el acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas mediante la “consulta amigable” (2002 en adelante); tema que fue concertado y validado en el marco de la Mesa.

• Otro hito importante es el apoyo y acompañamiento a la formulación de los “Acuerdos de Gobernabilidad” que inició el 2002 y se ha replicado en los procesos electorales nacionales y regionales/locales del 2006, 2010, 2011, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022 y 2026. Los acuerdos se formulan con participación activa de la sociedad civil, instituciones del Estado  y comprometen a los distintos partidos y movimientos que participan de estas contiendas. Están vinculados a las políticas nacionales multisectoriales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planes de desarrollo concertado, las políticas de estado del Acuerdo Nacional, las actividades prioritarias a favor de la infancia, los programas presupuestales estratégicos, la gestión de riesgos así como en la promoción de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

En el 2016 impulsó el Acuerdo de Gobernabilidad para el desarrollo humano integral del Perú 2016-2021, suscrito por todos los candidatos y candidatas presidenciales. 
En el 2021 y 2026 la Mesa promovió agendas temáticas con amplia participación de la sociedad civil: Agenda Nacional para la Atención y Protección de las Personas Adultas Mayores, la Agenda Joven , la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Agenda para la inclusión y la gestión del riesgo de desastres, la Agenda de la Salud y Protección Social.

• Desde el enfoque de derechos, tiene especial preocupación por la EFICACIA de la acción pública para garantizar el acceso de la población, a los bienes y servicios necesarios para ello, y por la manera como el Estado en su accionar contribuye a la EQUIDAD social, y las y los ciudadanos participan en el proceso. Esto ha llevado a vincular derechos con planes y presupuestos, así como velar por las condiciones en las cuales se ejecuta el gasto y se prestan los servicios. La Mesa participó en la elaboración de planes nacionales sectoriales, como el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia-PNAIA. Posteriormente también ha promovido la participación de las organizaciones en la formulación de políticas como la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes (PNMNNA), Política Nacional de Juventudes, entre otras.

• Se asumió el apoyo y/o la promoción de diversas campañas ciudadanas para incentivar la participación activa de la ciudadanía en los procesos de gestión democrática y descentralizada (“Organízate, participa y decide”), en favor de las víctimas de la violencia (“Caminata por la Paz” y el “Quipu de la Memoria”), de las personas adultas mayores (Pensiones no contributivas y la Convención de las Personas Adultas Mayores), así como de la atención preferente a la infancia (“En el presupuesto público las niñas y los niños primero”, “El millón de amigos”, “Buen Trato para la Niñez”, “Vota por la Niñez”, entre otras iniciativas).

En el marco de los ODS y tras el fenómeno El Niño promovió consultas ciudadanas para aportar al plan de reconstrucción sostenible mediante "La Voz de mi Comunidad" y "Nuestros Ojos : De la emergencia a la reconstrucción". 

En el marco del impacto de la pandemia del COVID-19, la red nacional de Mesas de Concertación se mantuvo activa mediante reuniones de trabajo y diálogos públicos virtuales nacionales, regionales y locales, mediante las cuales elaboró recomendaciones y alertas sobre la respuesta del Estado y la sociedad civil a la emergencia.

A través de la Mesa también se promueven acciones de “veeduría ciudadana” como la Consulta Nacional a las Condiciones de Inicio del Año Escolar mediante la cual se hace seguimiento y elaboran recomendaciones para la mejora de la calidad de los servicios educativos desde el primer día de clases.

• Se promovió la ampliación de recursos públicos para garantizar derechos universales mediante la atención a “actividades prioritarias” a favor de la infancia y el uso de “clasificadores de gasto” para hacer visible y proteger el gasto público a favor de la infancia (2005-2006). Ello abrió paso a los programas presupuestales y la gestión por resultados (2007 en adelante) y, de manera concurrente, a diversas iniciativas para mejorar la calidad de la información pública tanto referida al gasto como a la medición de las condiciones de vida de la población.

• Se consolidaron mecanismos como el “seguimiento concertado” a través del cual, actores del Estado y de la sociedad civil - unidos por objetivos comunes vinculados a la protección de derechos claves - se hace seguimiento a las políticas públicas en áreas como la salud materna y neo natal, la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la anemia, la mejora de los aprendizajes y otros indicadores del derecho a la educación, la prevención del embarazo en adolescentes, la vacunación infantil, la gestión del riesgo de desastres, el acceso al agua, entre otros temas. Se han elaborado diversas alertas y generado propuestas y recomendaciones para mejorar la acción del Estado en lo nacional, regional o local, para garantizar derechos a la población y evitar el mal uso del gasto público. 

A lo largo de los años, se ha logrado mantener una dinámica de intercambio permanente entre la mesa nacional y las mesas regionales y locales, mediante la difusión de información y la realización periódica de Encuentros y Talleres, entre otros, lo que ha permitido su fortalecimiento organizativo pero también consolidar una reflexión compartida sobre los desafíos de la pobreza y el desarrollo en el país y las respuestas frente a ello, desarrollando los acuerdos iniciales contenidos en la Carta Social.

En el 2026 la MCLCP Nacional tiene 7 grupos de trabajo y 9 sub grupos de trabajo, en los cuales genera consensos de las organizaciones de sociedad civil y Estado para contribuir al fortalecimiento de las políticas y mejorar los servicios para la salud, reducción de anemia y desnutrición infantil, la prevención del embarazo en adolescentes, servicios educativos y logros de aprendizaje, impulsar el desarrollo de la juventud, promover la gestión inclusiva del riesgo de desastres, promover atención integral de personas adultas mayores, entre otras prioridades para el bienestar de la población más vulnerable. 

Las últimas alertas y recomendaciones producto del diálogo y concertación están disponibles en https://www.mesadeconcertacion.org.pe/publicaciones 

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