El Grupo de Trabajo “Empleo Digno” de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Ica, llevó a cabo el V taller participativo con representantes del Estado y la sociedad civil, con el propósito de identificar propuestas a incluir en el Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026, que garanticen el acceso a un empleo digno a todas las personas, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Las propuestas planteadas tienen un enfoque inclusivo y prioriza el registro de las personas con discapacidad en el Centro de Empleo para promover y/o fortalecer la articulación entre las entidades del Estado y el sector privado, a fin de identificar los rubros laborales acorde a sus condiciones, habilidades; así como promover el acceso de las personas con discapacidad a las entidades o centros de formación para que puedan culminar su preparación técnica y/o profesional.
Por otro lado, las propuestas también buscan fortalecer el Centro de Atención y Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional para brindar información sobre el mercado de trabajo, dar asesoría sobre el Certificado Único Laboral y búsqueda de empleo para jóvenes y cursos de capacitación en la plataforma Empleo Perú. Además, incluye la promoción de campañas de sensibilización a favor de las personas adultas mayores, un programa de desarrollo económico dirigido a mujeres; así como la difusión y promoción del cumplimiento de la Ley N° 31047, ley que busca la formalización laboral de las trabajadoras y trabajadores del hogar.
Por su parte, Juan Trejo Bedón, director Departamental INEI Ica, explicó el impacto económico que ha tenido la pandemia en el índice de pobreza, el desempleo y sobre todo en la canasta básica familiar. Sostuvo que, en Ica, el incrementó de la pobreza monetaria alcanza en promedio de 6.6%, aproximadamente un 3% más en comparación con el 2019.
Gerardo Arévalo Arévalo, coordinador regional de la MCLCP de Ica, afirmó que, el Acuerdo de Gobernabilidad, busca legitimar la participación de la sociedad civil en diálogo con el sector público, se trata de compromisos con la ciudadanía, que suscriben los candidatos antes de ser elegidos en contienda electoral. Posteriormente, se dialogará con los partidos políticos, buscando que, durante la gestión pública, incorporen, dichas propuestas el enfoque de derechos, en beneficio y bienestar de la población.