En las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, a horas 10:00 a.m. del  día 15 de noviembre, a convocatoria de esta Oficina, se socializó el informe técnico con hallazgos y recomendaciones de los operadores de justicia que implementan la Ley 30364.

Esta nueva Ley se orienta al cambio de paradigma en el tratamiento de la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, y tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia producida en el ámbito público y privado contra las mujeres.

La Ley crea asimismo el sistema nacional con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Estado en esta materia, y conforman el sistema las instancias de coordinaciones interinstitucional en los diferentes niveles de gobierno, en el caso regional se cuenta con la Instancia Regional de Concertación, que preside el Gobierno Regional, y se compone  de 12 miembros, y para ello deben formular sus reglamentos y protocolos respectivos.

Sin embargo con la finalidad de contribuir a esta Instancia Regional se conforma una mesa de trabajo de operadores de la ruta a iniciativa del módulo de Familia de Abancay conjuntamente con la Defensoría del pueblo, para abordar sobre las competencias y roles y dificultades en la implementación de la Ley, de cuyo análisis se logró elaborar el informe técnico con hallazgos en cada una de las etapas de la Ley.

La MCLCP Apurímac ha sido considerada en esta Mesa de trabajo con los aportes del seguimiento concertado de violencia hacia la Mujer del 2016 y 2017, siendo ello insumo para el informe técnico de este espacio y ser alcanzado a la Instancia Regional de Concertación.

El informe concluye  que los operadores tienen dificultades presupuestales de recursos humanos y de fortalecimiento de capacidades para poder atender en mejores condiciones a las mujeres víctimas de violencia, y solicitan al Gobierno Regional de Apurímac a una disposición al diálogo, al consenso y a voluntad política para implementar las normatividades regionales ordenanzas, con presupuestos para poder abordar la problemática de la violencia en la región, priorizar la  Inversión  en la salud mental de la población.