El jueves 18 de enero la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Junín celebró los 17 años de la MCLCP con un Panel de Expertos sobre Políticas Púbicas para la Disminución de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, como parte del seguimiento al Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2015 -2018.

Los indicadores de fuentes oficiales, como los Centros Emergencia Mujer (CEM) —gestionados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)—, el Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia de Junín, utilizados en este reporte, muestran un grave problema de marginación que afecta a las niñas y adolescentes mujeres; pues ellas, menores de 18 años, son las mayores víctimas de la violencia de carácter sexual.

De acuerdo con las cifras de los CEM, en 2017 Junín fue el cuarto departamento del país con el mayor número de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, con 4,541 casos atendidos: 2.1% más que en el 2016, cuando recibió 4,447 hechos de violencia. En cuanto a la violencia sexual, Junín es la segunda región con el mayor número de hechos —igual que en el 2016—, después de Lima  Metropolitana: 564 casos frente a 2418, respectivamente.

A nivel nacional, la violencia económica representa el 0.5% del total de casos; la violencia psicológica llega al 50.8%, la física asciende al 39.3% y la sexual, al 9.5%.

Un dato reportado que indica la gravedad del problema de la violencia es que, de acuerdo con un consolidado de procesos judiciales concluidos en la Corte Superior de Justicia de Junín (del 2011 al 2015), el 73% de las víctimas del delito de violación sexual son mujeres menores de 18 años. Y entre ellas, las adolescentes de 11 a 14 años de edad.

Vistas en el tiempo, los indicadores han ido en aumento, pero  “no hay que tenerles miedo”, dijo el psicólogo forense, Carlos Ávila Benito, porque, explicó, los estudios realizados en Colombia y otros países señalan que si trabajamos en la prevención, más mujeres denunciarán la violencia que las afecta y entonces los casos aumentarán.

Ávila, psicólogo del Instituto de Medicina Legal de Junín, participó, junto con representantes del Miniterio Público, las direcciones regionales de Educación y Salud y del Consejo Regional de la Mujer en el panel de expertos "Construcción de Políticas Públicas Regionales para Disminuir la Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar", organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Junín, con ocasión de los 17 años de vida institucional.

Una de las dificultades resaltadas es el déficit el psicólogos jurídicos especializados y el poco número de cámaras Gesell para el interrogatorio en casos de violación sexual, que evite la revictimización durante la declaración testimonial durante la investigación fiscal: en la región solo hay tres y se necesitan por lo menos doce.

Otro punto señalado es la diferencia metodológica para la atención psicológica usada por los operadores, como el Ministerio de Salud (DIRESA), el Instituto de Medicina Legal u otros, cuyos resultados, en muchas ocasiones, pierden fuerza o validez para ser utilizados como prueba del delito a nivel fiscal.

Sin embargo, el incremento de los Centros de Emergencia Mujer, la implementación de casas de refugio, entre otras medidas que atienden y protegen a las víctimas, son avances interesantes. Aunque es necesario que el Gobierno Regional —a través de sus diferentes sectores, entre ellos Educación—, los Gobiernos Locales, las organizaciones de mujeres y otros, centren su atención en la prevención, en evitar la violencia contra la mujer y otros miembros de la familia, sobre todo de quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, como niños, adolescentes y personas con discapacidad.