Representantes del sector público y de la sociedad civil se reunieron el 31 de enero de 2025 en la primera sesión del subgrupo de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres para diseñar el plan de trabajo 2025. Durante la sesión, se hizo un balance de las acciones de 2024, lo que permitió identificar los principales retos para los gobiernos regionales y locales en la gestión del riesgo. Entre las principales prioridades se destacan la necesidad de establecer estrategias inclusivas, mejorar la identificación georreferenciada de los grupos vulnerables, y fortalecer la colaboración interinstitucional para gestionar de manera más equitativa los presupuestos destinados a la prevención y mitigación.

En la jornada, los participantes resaltaron la importancia de implementar estrategias comunicativas adaptadas a las realidades locales y de institucionalizar la gestión del riesgo de desastres como una prioridad en la agenda nacional y local. Además, se subrayó la necesidad de prestar mayor atención a los diagnósticos de riesgos y vulnerabilidades en la planificación, y fortalecer las capacidades tanto de las autoridades como de la sociedad civil, con un enfoque particular en la protección de niños y adolescentes.

Uno de los puntos clave para el año 2025 es la integración del enfoque inclusivo en las políticas de gestión de riesgos, lo que permitirá fomentar la participación de los grupos vulnerables, capacitar a la población en temas de resiliencia y atender los efectos del cambio climático. Otro desafío identificado fue la superación de la desigualdad social a través de la canalización de inversiones hacia políticas integrales que fortalezcan la cooperación entre los actores involucrados en la gestión del riesgo.

El encuentro permitió también visibilizar los retos y oportunidades de fortalecer la colaboración entre las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo de crear un marco de acción más sólido, inclusivo y efectivo en la prevención y respuesta ante desastres. Este trabajo conjunto es clave para garantizar una gestión del riesgo más justa y equitativa para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.