Perú, 19 de octubre de 2026.- La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) desarrolló, el 13 y 14 de octubre de 2026, el Diálogo por la Concertación «El Niño ya está aquí: acciones concertadas ahora para proteger vidas y medios de vida», un espacio de intercambio entre representantes de instituciones públicas, especialistas y Mesas regionales para evaluar los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y plantear medidas urgentes de prevención y respuesta, con énfasis en la Macro Norte y la Costa Central.

Durante las dos jornadas, se coincidió en que el país cuenta con información sobre los escenarios de riesgo y con instrumentos para hacerles frente; sin embargo, persisten brechas en la preparación de los territorios, la coordinación entre niveles de gobierno, la ejecución presupuestal y la participación de las comunidades. En ese contexto, Rubén Cóndor, secretario ejecutivo de la MCLCP, destacó que el principal desafío es de gobernanza: convertir las alertas y la información disponible en decisiones oportunas, acciones concretas y recursos ejecutados de manera transparente.

Día 1: Riesgos identificados y brechas en la preparación

En la primera jornada, Felipe Pérez Típula, especialista en Análisis Territorial del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), presentó escenarios de riesgo por inundaciones, movimientos en masa, sequías y déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027. Asimismo, explicó la utilidad de los escenarios y estudios de evaluación del riesgo, elaborados a partir de información de fuentes oficiales como el Senamhi y el INGEMMET, y se pueden encontrar en la plataforma SIGRID con acceso libre al público.

Por su parte, Ángel Chávez Eslava, especialista en gestión del riesgo de desastres (GRD), advirtió sobre las limitadas capacidades institucionales de los gobiernos regionales y locales, así como las brechas presupuestales existentes. Destacó que, aunque hay recursos asignados (incluyendo 68 millones de soles del Fondo Nacional de Desastres). Chávez enfatizó la necesidad de trabajar de manera permanente con las comunidades y aplicar lecciones aprendidas de eventos anteriores, sugiriendo un enfoque basado en la naturaleza en lugar de soluciones de infraestructura grasa gris.

Las intervenciones de las Mesas regionales evidenciaron problemas que requieren atención prioritaria. Bertha García, coordinadora regional de la MCLCP Tumbes, informó que el 71 % de la población se encuentra en zonas de riesgo alto o muy alto ante inundaciones y movimientos en masa; además, se reportaron establecimientos de salud, instituciones educativas y áreas agrícolas expuestas. 

Víctor Palacios, coordinador regional de la MCLCP de Piura, alertó sobre la situación de las defensas del río y las deficiencias en la operación y mantenimiento de las cuencas ciegas. En Lambayeque, se remarcó la necesidad de descolmatar ríos y mejorar los sistemas de drenaje, frente al crecimiento poblacional y las limitaciones de los gobiernos locales. Luis Montenegro, coordinador regional de la MCLCP de Lambayeque, insistió en fortalecer la prevención comunitaria y superar los retrasos en las obras de drenaje y la discontinuidad generada por la rotación de funcionarios. Desde La Libertad, Mercedes Eusebio, coordinadora regional de la MCLCP, enfatizó la importancia de fortalecer la prevención comunitaria. Además, alertó sobre la alta rotación de funcionarios y la falta de avances en las obras de drenaje, factores que dificultan la continuidad de las acciones de prevención y respuesta.

Desde Loreto, también se advirtió sobre la desarticulación institucional y la necesidad de garantizar transparencia en el uso de los recursos destinados a emergencias.

Día 2: Protección de las poblaciones vulnerables y respuesta oportuna

La segunda jornada abordó la pregunta «¿Cómo respondemos y protegemos a los más vulnerables?». En este bloque, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) presentó información sobre los impactos potenciales del fenómeno de El Niño, que, según el ENFEN, se prolongaría hasta el otoño de 2027. La estimación presentada señaló que más de 1,2 millones de personas podrían resultar afectadas o damnificadas, principalmente en Piura, Lambayeque y La Libertad. También se informó que 1 393 distritos contaban con declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente ante lluvias.

INDECI explicó los mecanismos de coordinación para la gestión de emergencias, incluidos los centros de operaciones, los grupos de trabajo de gestión del riesgo de desastres, las plataformas de Defensa Civil y los instrumentos de financiamiento para la prevención y respuesta. Asimismo, compartió acciones de preparación y lecciones del fenómeno de El Niño de 2017, especialmente sobre la protección de la niñez y la necesidad de asegurar una atención adecuada a niñas y niños pequeños, gestantes y mujeres lactantes.

En su exposición sobre poblaciones vulnerables, Pedro Ferradas resaltó que las personas con discapacidad y las personas adultas mayores deben ser reconocidas como participantes activos en la preparación y respuesta, no solo como receptoras de asistencia. Planteó la importancia de contar con kits de emergencia adecuados, sistemas de comunicación accesibles y refugios inclusivos. También destacó la participación de niñas, niños y comunidades en los sistemas de alerta temprana, a partir de experiencias como el Sistema de Alerta Temprana ante huaicos de la cuenca del Rímac, que involucra a vecinos en el monitoreo de lluvias.

El especialista advirtió, además, sobre la exposición de infraestructura esencial, incluidos los servicios de agua y saneamiento y los establecimientos de salud. En esa línea, remarcó la necesidad de evitar el uso de instituciones educativas como albergues, fortalecer la vigilancia epidemiológica y ampliar la protección de los medios de vida, entre ellos los de las familias agricultoras.

Durante las intervenciones regionales, Hugo Salazar, coordinador regional de la MCLCP Áncash, explicó que el desafío principal no es técnico sino de gobernanza, destacando que la región apenas alcanza el 40% de ejecución del gasto presupuestal y que muchas municipalidades no han ejecutado partidas orientadas a la prevención de desastres. Además propuso conformar una mesa técnica regional que articule las acciones de protección. En la Región Lima, Juan Carlos Nicho Virú informó sobre los distritos declarados en emergencia y advirtió que, al 12 de octubre, la ejecución del presupuesto del Programa Presupuestal 0068 alcanzaba el 61,1 % en el Gobierno Regional y el 65,3 % en las municipalidades de sus nueve provincias. También alertó sobre la vigencia vencida de los planes de prevención y reducción del riesgo de Cañete y Yauyos.

En Lima Metropolitana, José Mangini, coordinador de la MCLCP, informó que la capital no está preparada para proteger a sus poblaciones vulnerables, con 589 establecimientos de salud expuestos a alto riesgo y solo un 60% de avance en la ejecución del presupuesto.

Estas alertas reforzaron la preocupación por las capacidades de respuesta de los gobiernos locales y la necesidad de priorizar a las poblaciones que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

De las alertas a los compromisos concretos

Como balance de ambas jornadas, la MCLCP destacó la necesidad de activar y fortalecer los grupos de trabajo de gestión del riesgo de desastres, las plataformas de Defensa Civil y las brigadas comunitarias; mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y asegurar que los recursos destinados a la prevención y respuesta se ejecuten oportunamente y con transparencia.

Asimismo, planteó priorizar la atención de niñas, niños y adolescentes, gestantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad; garantizar la continuidad de los servicios de salud, agua, educación y programas sociales; y proteger los medios de vida de las familias.

El diálogo evidenció que disponer de escenarios de riesgo e instrumentos de gestión no es suficiente si estos no se traducen en acciones efectivas en los territorios. Por ello, la MCLCP reafirmó la importancia de fortalecer la concertación entre el Estado y la sociedad civil para impulsar compromisos verificables de prevención, preparación y respuesta, y contribuir a que las decisiones se adopten antes de que las emergencias pongan en mayor peligro la vida y el bienestar de la población.