Como parte de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, Erika Murillo, secretaria técnica de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – MCLCP Moquegua, en su última sesión llevada cabo el 4 de octubre, presentó los resultados de una encuesta virtual que reunió información sobre educación, salud, empleo y vivienda de la población migrante que reside en el departamento, promoviendo así una integración inclusiva y solidaria en la región.
El diseño de la encuesta estuvo a cargo de la MCLCP Moquegua y la Cancillería Moquegua, por acuerdo de los representantes del Estado y sociedad civil que participan en la mesa de trabajo integrante.
Los resultados serán socializados a la Dirección Regional de Educación en relación a los casos de menores de edad de procedencia extranjera que a la fecha no acceden al servicio educativo en la localidad debido a la falta de documentación, a fin de que se adopten las medidas necesarias para el ejercicio del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.
Además se solicitará al Consejo Regional Moquegua, a través de esta mesa de trabajo, declarar de interés regional la emisión de un Acuerdo Regional que establezca la necesidad de una Ordenanza Regional de Política Migratoria.
Resultados destacados de la encuesta
- Acceso a salud: el 90.6% de los encuestados ha tenido acceso a servicios de salud del Perú, y el 71.9% lo considera satisfactorio.
- Acceso a educación: el 44.4% de los encuestados, que tienen hijos, no los hacen asistir a una institución educativa por falta de recursos económicos.
- Soporte familiar económico: El 84.4% de los encuestados tienen empleo formal o informal, sin embargo, los ingresos del 62.5% de dicho grupo, no cubren las necesidades básicas de su familia. Otro dato resaltante es que el 25% del grupo de trabajadores supera las 72 horas semanales de trabajo.
- Vivienda y accesos a servicios básicos: el 65.6% de los encuestados ha sufrido discriminación al alquilar una vivienda.
- Discriminación y derechos humanos: el 87.5% de los encuestados no conoce alguna institución a la cual recurrir en caso de discriminación.
