El seguimiento concertado que se realiza en el marco de la Mesa de Concertación busca contribuir a la implementación efectiva y eficiente de políticas, programas e intervenciones orientadas a la lucha contra la pobreza que pasan por la concertación entre Estado y Sociedad Civil. Parte de la consideración que los actores del estado y la sociedad civil tienen un compromiso común para erradicar la pobreza –en todas sus formas- de la vida de las personas. Asimismo reconoce los roles distintos que los actores sociales y estatales tienen, así como las distintas concepciones del mundo y valoraciones, intereses y diagnósticos sobre la problemática que puedan tener. Y valora las distintas propuestas y la contribución que cada una de ellas puede hacer para tener una política pública cada vez más eficaz al logro de los compromisos y objetivos comunes.
Además de los resultados e impactos de las políticas públicas, son objeto de seguimiento: el diseño operativo y estratégico de la política, la contribución a la equidad que se tiene en su implementación, el rol de los diversos niveles de gobierno en su ejecución, el equilibrio en la atención a todos los aspectos de los que depende su éxito.
En tal sentido una de las acciones más importantes que ha venido realizando la MCLCP en esta área es el seguimiento a la implementación de los programas estratégicos presupuestales, en particular el Programa Materno Neonatal y el Programa Articulado Nutricional, y también el seguimiento al avance en el cumplimientos de los acuerdos de gobernabilidad, suscritos en las elecciones, por las nuevas autoridades electas.
LOGROS
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Desde el enfoque de derechos, se ha tenido una preocupación especial por la EFICACIA de la acción pública para garantizar el acceso de la población, a los bienes y servicios necesarios para ello, y por la manera como el Estado en su accionar contribuye a la EQUIDAD social, y las y los ciudadanos participan en el proceso. Esto ha llevado a vincular derechos con planes y presupuestos, así como velar por las condiciones en las cuales se ejecuta el gasto y se prestan los servicios.
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A partir de ello se impulsó el “seguimiento concertado” a través del cual, actores del Estado y de la sociedad civil - unidos por objetivos comunes vinculados a la protección de derechos claves - hacen seguimiento de las políticas públicas en áreas como la salud materna y neo natal, la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la anemia, la mejora de los aprendizajes; o al Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia-PNAIA 2012-2021.
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Se han elaborado diversas alertas y generado propuestas y recomendaciones para mejorar la acción del Estado en lo nacional, regional o local, para garantizar derechos a la población y evitar el mal uso del gasto público.
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Ello ha permitido que se avance en la ampliación de recursos públicos para garantizar derechos universales mediante la atención a “actividades prioritarias” a favor de la infancia y el uso de “clasificadores de gasto” para hacer visible y proteger el gasto público a favor de la infancia (2005-2006). Ello abrió paso a los programas presupuestales y la gestión por resultados (2007 en adelante) y, de manera concurrente, a diversas iniciativas para mejorar la calidad de la información pública tanto referida al gasto como a la medición de las condiciones de vida de la población.